DESCARGAR INFORME CENSURADO
PROJUSTICIA Y CES
El PP de Cristina Alberdi sucumbe al feminazismo: La Comunidad de Madrid retira un documento que pone en cuestión el fraude de la ideología de género
PP, PSOE e IU se han puesto de acuerdo hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para rechazar por unanimidad el informe publicado por el Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad, ya retirado, que, entre otras cosas, acusa a las víctimas de violencia machista de fingir para beneficiarse de ayudas.
Recordemos que la polémica se suscita en plena campaña electoral y que en la misma la candidata del Partido Popular, Ana Pastor, prometió la concesión de microcréditos a las mujeres maltratadas. Resulta llamativo que estos microcréditos ya los concedía la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, bajo el Plan Dike. Este Plan ha sido un gran saco de corrupción en el que el dinero público, cada vez en mayores cantidades, ha ido a parar a todos menos a las mujeres realmente maltratadas pues entre otras irregularidades, sólo era necesario la presentación de la denuncia para "acreditar" la condición de maltratada aún sabiendo que la inmensa mayoría de las denuncias de maltrato son falsas. Finalmente y tras la oportuna queja al Procurador del Común, la Junta de Castilla y León tuvo que modificar los requisitos para considerar maltratada como queda reflejado en el Boletín oficial de Castilla y León nº. 9 de 6 de septiembre de 2007.
Por ello, se formuló la siguiente resolución a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades:
“Que se proceda a la modificación del apartado segundo de la ORDEN FAM/19/2006, de 10 de enero, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a empresas para fomentar la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género, dentro de las actuaciones que se incluyen en el Plan Dike, en relación con los medios de acreditación de la situación de maltrato, en el siguiente sentido:
1. Mediante la referencia expresa a las órdenes de protección y otras actuaciones judiciales como documentos válidos para acreditar la situación de maltrato.
2. Mediante la eliminación de la denuncia por maltrato como justificante admitido, por sí solo, para acreditar esta problemática social, o bien condicionando su valor probatorio a la presentación de informes técnicos que avalen suficientemente su contenido y confirmen, así, la evidencia del maltrato”.
La Consejería aceptó dicha resolución y comunicó a esta Institución que en la próxima convocatoria de subvenciones para inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género se tipificarían los títulos acreditativos de tal condición, eliminándose la referencia
a la denuncia por maltrato.
